Editorial: Procedural acts in the effective resolution of the law Editorial: Actos processuais na adjudicação efectiva do direito
Estefanía Cristina Vivanco Granda1
1 Universidad Metropolitana del Ecuador sede Machala. Machala-Ecuador. Correo: evivanco@umet.edu.ec, stefaniavivanco@hotmail.es
Fecha de recepción: 23 de mayo de 2024 Fecha de aceptación: 3 de junio de 2024
Los actos procesales en la resolución eficaz del Derecho compilan trabajos de diferentes juristas ecuatorianos y un autor argentino que aportan con aspectos relevantes del derecho que deben ser analizados. Se empieza por la legislación argentina. El tax compliance se presenta como un modelo dinámico de adopción voluntaria. Actualmente, este constituye una herramienta esencial para las empresas. Todo gracias a que este mecanismo ayuda a prevenir, detectar y gestionar los riesgos tributarios empresariales, independientemente del tamaño del ente. A continuación, se analiza la implementación de la figura de la carga dinámica de la prueba en procesos judiciales originados por conflictos societarios a partir de Ley reformatoria a la Ley de Compañías para la Optimización e Impulso Empresarial y para el Fomento del Gobierno Corporativo. Después, se examina el criterio adoptado por la Corte Constitucional en relación con la declaración de vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, debido a la falta de un pronunciamiento sobre el fondo del recurso de casación. También se revisa el principio de celeridad procesal que indaga el propósito de asegurar la pronta resolución de los litigios vinculados a la ejecución. Finalmente, se reflexiona sobre la necesidad de regular el derecho de alimentos, para las nuevas situaciones sociales como la maternidad subrogada o vientres de alquiler.
Procedural acts in the effective resolution of law compiles works of different Ecuadorian jurists and an Argentinean author who contribute with relevant aspects of law that should be analyzed. We start with the Argentinean legislation. Tax compliance is presented as a dynamic model of voluntary adoption. Currently, it is an essential tool for companies. All thanks to the fact that this mechanism helps to prevent, detect and manage corporate tax risks, regardless of the size of the entity. Next, the implementation of the figure of the dynamic burden of proof in judicial proceedings
arising from corporate conflicts is analyzed as of the Law reforming the Companies Law for the Optimization and Promotion of Business and for the Promotion of Corporate Governance. Then, the criterion adopted by the Constitutional Court in relation to the declaration of violation of the rights to legal certainty and due process, due to the lack of a pronouncement on the merits of the cassation appeal, is examined. It also reviews the principle of procedural celerity that investigates the purpose of ensuring the prompt resolution of disputes related to enforcement. Finally, it reflects on the need to regulate the right to maintenance, for new social situations such as surrogate motherhood or surrogacy.
Actos processuais na resolução efectiva do direito compila trabalhos de diferentes juristas equatorianos e de um autor argentino que contribuem com aspectos relevantes do direito que devem ser analisados. Começa com o direito argentino. O cumprimento fiscal é apresentado como um modelo dinâmico de adoção voluntária. Atualmente, é uma ferramenta essencial para as empresas. Tudo graças ao facto de este mecanismo ajudar a prevenir, detetar e gerir os riscos fiscais das empresas, independentemente da dimensão da entidade. De seguida, analisa-se a implementação do ónus dinâmico da prova nos processos judiciais decorrentes de conflitos societários a partir da Lei de reforma do Código das Sociedades Comerciais para a otimização e promoção dos negócios e para a promoção do governo das sociedades. De seguida, são analisados os critérios adoptados pelo Tribunal Constitucional relativamente à declaração de violação dos direitos à segurança jurídica e ao processo equitativo, por falta de decisão de mérito do recurso de cassação. Passa igualmente em revista o princípio da celeridade processual, que analisa o objetivo de garantir a rápida resolução dos litígios relacionados com a execução. Por fim, reflecte sobre a necessidade de regulamentar o direito a alimentos, para novas situações sociais como a maternidade de substituição ou a barriga de aluguer.
El Tax compliance tributario busca prevenir y gestionar los riesgos tributarios. Las empresas pueden por su actividad o tamaño incumplir la normativa tributaria, por lo tanto, se establece este mecanismo.
El cumplimiento tributario implica una serie de beneficios tanto para los jefes, asociados y socios que ayudan a prevenir y mitigar la responsabilidad civil y penal empresarial. El incumplimiento, si es verificado por la administración tributaria trae consigo, reparaciones costosas y sanciones igualmente costosas, pérdida de propiedad, lo que resulta en la pérdida de la capacidad de pago de la empresa (Tejeira, 2015).
A nivel internacional el que tiene mejor políticas para el control en el ámbito tributario es el gobierno australiano (Rozas 2020). Otros de los países que siguen un adecuado control tributario son los Países Bajos y el Reino Unido.
El cumplimiento tributario muchas de las veces pueden confluir en delitos económicos. Existen principios económicos y teorías de elección racional para estudiar estas conductas delictivas en el ámbito regional, entre ellas estan los postulados de la Escuela de Chicago (Rojas, 2021).
De esta manera en la legislación argentina se incorporó esta figura para evitar que se incumplan con los deberes tributarios, y evitar afectaciones al Estado en materia económica.
Con la nueva Ley Reformatoria a la Ley de Compañías para la optimización e impulso empresarial y para el fomento del gobierno corporativo que entró en vigor el 15 de marzo de 2023, se introdujo la figura de la carga dinámica de la prueba, para los procesos judiciales que diriman conflictos societarios.
La carga dinámica de la prueba genera diferentes posturas ya que se fundamenta en el derecho a la igualdad material. Mientras otros señalan el hendimiento de un sistema judicial imparcial e incluso, el posible adelanto de criterio por parte del juzgador.
En la legislación ecuatoriana tiene aspectos, escenarios similares como la inversión de la carga probatoria. La misma busca proteger a la parte más débil de la relación procesal.
Esta figura consiste en trasladar la obligación del actor de probar sus afirmaciones hacia el sujeto pasivo de la relación procesal o demandado, quien a través de los medios probatorios debe desvirtuar la demanda (Vicuña & Santos, 2012).
Pero en la práctica se plantea una reflexión pues se indica que se generan falencias en su aplicación. Esto debido a que no esta delimitado la intencionalidad del legislador al incorporar la norma. Pues lo que si es evidente es proteger a los accionistas minoritarios de los grandes grupos que controlan el capital y el poder decisorio de las compañías.
Es preocupante que el legislador tras la incorporación del artículo 249.1 de la Ley de Compañías, no haya determinado una consecuencia jurídica ante el incumplimiento de la orden procesal de aportar la prueba. Lo cual vulnera la seguridad jurídica de los justiciables, el principio de legalidad, al extralimitar las funciones del juzgador para legislar y suplir este vacío.
El recurso de casación fue implementado en la legislación del Ecuador como recurso en 1993. El mismo ayuda a impugnar errores o vicios en contra del derecho objetivo que adolezcan sentencias emitidas en procesos de conocimiento. Es un recurso formal, estricto y extraordinario. En base al Código Orgánico General de Procesos se establecen dos etapas: admisibilidad y sustanciación.
La primera fase es para revisar los requisitos legales para que los jueces de la Sala revisen el fondo de la presentación del recurso. Por ende, este aspecto ha generado problemas en la falta de pronunciamiento de fondo del recurso de casación en sentencia por parte de los Tribunales de Casación de la Corte Nacional de Justicia. Esta situación debido a que hay errores que comete la parte recurrente al momento de fundamentar el recurso de casación.
La casación tiene tres finalidades: protección de la ley, uniformidad de la jurisprudencia y protección de los intereses privados (Bello, 2017). Sin embargo, en la práctica es muy complejo que el recurso sea admitido.
La Corte Nacional de Justicia frente a este recurso ha evidenciado problemas con relación a la falta de proposición jurídica completa, la errónea identificación de causales y la falta de fundamentación, lo cual, les ha impedido pronunciarse del fondo del recurso de casación.
Sin embargo, para la Corte Constitucional del Ecuador esta situación implica vulneración de los derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso en la garantía del cumplimiento de las normas y derechos de las partes, porque la Corte Nacional debía pronunciarse sobre el fondo del asunto. Sin embargo, no lo hace por estos aspectos que de cierta forma también esta en la norma.
El recurso de casación no es tercera instancia, es extraordinario, forma. La Corte Nacional de Justicia no va a analizar causales no alegadas, ni redireccionar o completar la fundamentación de las partes, con el objetivo de un pronunciamiento de fondo.
Por lo tanto, las pretensiones de la Corte Constitucional del Ecuador con respecto al accionar del Tribunal que conoce el recurso de casación no son las correctas, debía que desvirtuaría la esencia del recurso y la labor de la Alta Corte en materia ordinaria.
El principio de celeridad procesal en el ámbito de la ejecución es esencial para asegurar que todas las fases vinculadas con la ejecución de una sentencia judicial u otro título se lleven a cabo de manera rápida y eficaz. Este principio tiene como objetivo
prevenir retrasos injustificados y asegurar que las partes involucradas en el proceso obtengan rápidamente la satisfacción de sus derechos o el cumplimiento inmediato de las obligaciones impuestas.
En el contexto de la ejecución de una sentencia, la celeridad significa que, una vez emitida una sentencia favorable, el proceso de ejecución debe llevarse a cabo de manera rápida y eficiente. Esto permite que la parte favorecida pueda hacer valer sus derechos, sin retrasos injustificados. Para lograrlo, los órganos judiciales y las autoridades responsables de la ejecución deben actuar con prontitud y diligencia, evitando cualquier demora innecesaria que pueda afectar la efectividad de la sentencia.
El sistema procesal se diseña como una herramienta esencial para la administración de justicia. Sus normas se fundamentan en varios principios, como la simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación, celeridad y economía procesal, con el propósito de asegurar el debido proceso (Garrido, 2016).
El principio de celeridad procesal en el proceso de ejecución es un asunto de gran importancia en el ámbito jurídico, pues trata de equilibrar la eficiencia en la administración de justicia con el respeto a los derechos fundamentales de las partes implicadas. En este contexto, la implementación de este principio en el proceso de ejecución ha suscitado debates y controversias respecto a su alcance y efectividad.
Reconocer el impacto del principio de celeridad en los procesos de ejecución implica entender su papel en la agilización del sistema judicial y en asegurar que las decisiones judiciales se cumplan en un tiempo razonable. Esta conciencia sobre la relevancia de la celeridad procesal permite a los operadores judiciales implementar medidas efectivas para garantizar la rápida ejecución de sentencias, laudos arbitrales y otros títulos ejecutivos.
En definitiva, la eficacia y eficiencia en el proceso de ejecución garantizan la protección de los derechos de las partes y la promoción de una justicia accesible, imparcial y rápida. Esto se consigue a través del estricto cumplimiento de los principios del debido proceso, tales como el derecho a ser oído, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, todo ello enmarcado en un contexto de celeridad procesal que asegure una pronta resolución de los conflictos legales en Ecuador.
El artículo busca analizar el derecho de alimentos que nace a partir de la procreación de los hijos a partir de los tratamientos de reproducción asistida. Esto es debido a que en la legislación comparada se ha regulado que aquella pareja que ha decidió utilizar estos tratamientos tiene la obligación de responder por la nueva vida.
Este derecho de alimentos debería estar contemplado en la legislación ecuatoriana desde el momento en que el padre o la madre deciden recurrir a la fecundación in vitro,
vientre de alquiler, maternidad subrogada u otros métodos similares. Esto se debe a que el reconocimiento implica la atribución de deberes y derechos en favor de un niño, niña o adolescente, incluyendo la determinación de la pensión alimenticia para el menor.
Las familias son entidades dinámicas que evolucionan con el tiempo debido a factores demográficos, sociales, económicos y culturales presentes en la sociedad. Sus miembros se han unido para enfrentar diversos desafíos específicos de su época y comunidad, con el fin de asegurar su subsistencia y seguridad (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 2018).
El derecho de alimentos es esencial para asegurar una vida adecuada para el niño y su desarrollo personal. Aunque la sociedad puede recurrir a técnicas de reproducción asistida (TRA) para concebir hijos, estas deben ser reguladas adecuadamente para evitar afectar negativamente al nuevo ser humano.
En definitiva, se ha establecido que se debe normar sobre el derecho de alimentos en estos tipos de concepciones humanas. Se considera necesario regular el derecho de alimentos en estas nuevas situaciones para los niños que han sido concebidos mediante estos métodos de fecundación.
Bello, H. (2017). La casación civil. Grupo Editorial Ibañez (Tomo I).
Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (2018). Las familias y su protección jurídica. https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Materi al/trip-familias-juridicas.pdf
Garrido, V. (2016). Aplicabilidad de los principios de Economía y Celeridad Procesal en El COGEP. Tesis previa a la obtención del título de Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República. [Proyecto de investigación, Universidad Nacional de Chimborazo]. http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/2800/1/UNACH-FCP-DER- 2016-0039.pdf
Rojas, Á. (14 de diciembre de 2021). La Escuela de Chicago. Notitita Criminis. Portal Especializado en Derecho Penal. https://notitiacriminis.mx/tribuna/nfirmas/845/
Rozas, J. (2020). Compliance: perspectiva plural y fiscal. Fundamentos y acicates de las políticas de complice tributario. Forum Fiscal , 1-19.
Teijeira, M. (2015). Legal compliance: conceptualización en el marco de la regulación corporativa. Estudios sobre el futuro Código Mercantil: Libro homenaje al profesor Rfael Illescas Ortiz. Universidad Carlos III de Madrid.
Vicuña Gonzales, R., & Santos Cruz, T. (2012). Desnaturalización del principio de inversión de la carga de la prueba en los procesos laborales de impugnación de despido. Ciencia y Tecnología. Universidad Nacional de Trujillo, 27-44.
https://orcid.org/0000-0002-6637- 1176. Ing. Contabilidad y Auditoría CPA, por la Universidad Técnica de Machala. Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador por la la Universidad Metropolitana del Ecuador sede Machala. Miembro de la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de los Derechos Humanos y Humanitario. Autora de varios artículos científicos publicados en revistas científicas indexadas en bases de datos regionales y de alto impacto internacionales. Docente e Investigadora en el proyecto de investigación Programa para la prevención y protección de la violencia de género contra la mujer en el Estado Constitucional de la República del Ecuador, de la Universidad Metropolitana del Ecuador sede Machala. Email: evivanco@umet.edu.ec, stefaniavivanco@hotmail.es. Su línea de investigación es en ramas de Justicia y Derechos Constitucionales.
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