Public Policies and Youth Employment in Tungurahua: A Public Law Perspective
Políticas públicas e emprego juvenil em Tungurahua: Uma visão do direito público
Carlos Alejandro Bucheli Escobar1
& Juan Pablo Santamaría Velasco2
1 Editor de la Consultora FocusData Tungurahua, Ambato-Ecuador. Correo: buchelicarlos65@gmail.com .
2 Jefe de Redacción FocusData Tungurahua. Correo: jahmpa@gmail.com
Fecha de recepción: 11 de noviembre 2024 Fecha de aceptación: 10 de diciembre de 2024
strengthening the integration of local and international regulatory frameworks, along with adopting participatory community-based approaches, is essential to ensure full realization of youth labor rights and promote sustainable development in Tungurahua.
El empleo juvenil constituye un desafío persistente en la provincia de Tungurahua, caracterizado por la dificultad de los jóvenes para acceder a trabajos dignos y sostenibles. Estas barreras no solo limitan su integración socioeconómica, sino que también intensifican problemas como la exclusión social y el riesgo de violencia, agravando las desigualdades existentes en la región.
De acuerdo con Zuluaga et al. (2018), el desempleo juvenil en América Latina está estrechamente vinculado a dinámicas de exclusión estructural que restringen el desarrollo de capacidades y limitan las oportunidades de crecimiento sostenible en las comunidades. Este contexto resalta la importancia de implementar políticas públicas efectivas, especialmente en territorios como Tungurahua, donde las particularidades económicas y culturales exigen estrategias focalizadas que respondan a las necesidades específicas de la población juvenil.
El derecho al trabajo no solo representa un mecanismo económico, sino también una herramienta de dignificación humana en sociedades que buscan un desarrollo inclusivo (Ramella, 2011).
En Tungurahua, las políticas públicas han intentado enfrentar este desafío mediante iniciativas como programas de capacitación laboral y creación de empleo. Sin embargo, el impacto de estas medidas ha sido limitado debido a deficiencias en su
implementación y a la falta de adaptación a las particularidades socioeconómicas y culturales de la región, lo que ha impedido alcanzar resultados sostenibles.
Según Morales y Rafael (2015), para que las políticas públicas sean efectivas en contextos regionales, deben estar profundamente arraigadas en el fortalecimiento del tejido social. Además, estas intervenciones enfrentan el desafío de articularse con normativas nacionales ecuatorianas, como la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil de 2016. Aunque esta ley establece directrices claves, su aplicación presenta variaciones significativas en el ámbito provincial, limitando su alcance y efectividad en territorios como Tungurahua.
Desde la perspectiva del derecho público, disciplina orientada a garantizar los derechos sociales, es fundamental que las políticas públicas consideren los contextos económicos y culturales específicos de cada región. Este enfoque permite diseñar e implementar estrategias más inclusivas y adaptadas a las necesidades locales, asegurando así una mayor eficacia y sostenibilidad en la intervención estatal.
Según Manzano (2014), las tendencias del derecho laboral deben adaptarse a las particularidades de cada región, especialmente en territorios emergentes como Tungurahua. Este enfoque promueve soluciones inclusivas y sostenibles que aborden de manera directa las necesidades específicas de la juventud, garantizando que las políticas públicas sean relevantes y efectivas en contextos locales.
Por ello, resulta indispensable evaluar no solo el diseño, sino también la ejecución y los resultados de las políticas públicas implementadas, considerando su capacidad para generar transformaciones estructurales en el empleo juvenil. Este análisis es clave para identificar las áreas donde estas iniciativas han fallado y proponer ajustes que permitan superar las barreras existentes.
El presente artículo tiene como objetivo analizar las políticas públicas dirigidas al empleo juvenil en Tungurahua desde la perspectiva del derecho público. A través de este enfoque, se busca identificar las limitaciones de estas políticas y proponer mejoras que garanticen el pleno ejercicio de los derechos sociales de los jóvenes, contribuyendo así al desarrollo integral de la región.
El presente estudio adopta un enfoque cualitativo con base en una revisión bibliográfica exhaustiva, orientada a analizar las políticas públicas dirigidas al empleo juvenil en Tungurahua desde la perspectiva del derecho público. Para ello, se examinó una amplia variedad de fuentes, incluyendo normativas legales nacionales, como la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, estudios académicos previos y experiencias internacionales exitosas.
La metodología incluyó un análisis crítico de los programas "Mi Primer Empleo" y "Empleo Joven", evaluando su implementación en el contexto provincial de Tungurahua. Este análisis se complementó con una revisión de literatura académica que abordó la problemática del desempleo juvenil en América Latina, las tendencias
globales en derecho laboral y las estrategias de desarrollo comunitario aplicadas en territorios emergentes.
El enfoque interdisciplinario del estudio permitió identificar las limitaciones de las políticas actuales y proponer recomendaciones alineadas con los principios de equidad y justicia social. Este proceso metodológico garantizó la integración de perspectivas locales e internacionales, contribuyendo al diseño de soluciones aplicables al contexto específico de la provincia.
Definición y alcance del derecho público
El derecho público regula las relaciones entre los ciudadanos y el Estado, estableciendo normas destinadas a garantizar el bienestar colectivo y la protección de los derechos fundamentales. Su principal propósito es equilibrar el ejercicio del poder estatal con la promoción de intereses sociales, a través de políticas públicas orientadas a la equidad y la justicia. Según Manzano (2014), el derecho público debe evolucionar constantemente para responder a los retos impuestos por la globalización y las crisis socioeconómicas, consolidándose, así como un pilar clave para enfrentar problemáticas específicas, como el desempleo juvenil.
En el contexto ecuatoriano, el derecho público actúa como un marco normativo que guía la intervención estatal en la formulación de políticas sociales, económicas y laborales. Estas políticas resultan esenciales para garantizar la inclusión de sectores vulnerables, como los jóvenes, en el mercado laboral. Morales y Rafael (2015), subrayan que el fortalecimiento del tejido social, promovido por políticas públicas sólidas, es crucial para generar oportunidades que impulsen el desarrollo comunitario, estrechando el vínculo entre las acciones del Estado y las necesidades locales.
En lo que respecta al empleo juvenil, el derecho público asume una doble responsabilidad: garantizar la igualdad de acceso a empleos dignos y crear condiciones que permitan a los jóvenes desarrollar plenamente sus capacidades. La implementación de políticas públicas efectivas, respaldadas por un marco normativo robusto, no solo estimula el crecimiento económico, sino que también mitiga los riesgos asociados a la exclusión social, como el empleo informal y la violencia (Zuluaga et al., 2018). Por tanto, el derecho público no solo regula las acciones estatales, sino que también se convierte en un motor de cambio social y cohesión en contextos locales, como el de Tungurahua.
Regulación laboral y empleo juvenil en Ecuador
La regulación laboral en Ecuador encuentra uno de sus pilares fundamentales en la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, cuyo propósito es impulsar la empleabilidad juvenil mediante la generación de oportunidades laborales inclusivas y el fortalecimiento de competencias profesionales. Esta normativa establece disposiciones claves para fomentar la contratación juvenil, como la implementación de contratos
especiales para jóvenes sin experiencia previa y la oferta de incentivos fiscales dirigidos a los empleadores que incorporen a jóvenes en sus plantillas (Ecuador. Asamblea Nacional, 2016). A pesar de su diseño orientado a reducir el desempleo juvenil, su aplicación enfrenta importantes desafíos, especialmente en provincias como Tungurahua, donde las condiciones del mercado laboral limitan su efectividad.
El alcance de esta ley incluye programas específicos como "Mi Primer Empleo" y "Empleo Joven", los cuales están diseñados para facilitar la transición de los jóvenes al mercado laboral formal. De acuerdo con el Ministerio de Trabajo del Ecuador (2021), estas iniciativas han permitido la inserción de miles de jóvenes en el ámbito laboral formal. Sin embargo, persisten limitaciones relacionadas con su cobertura y sostenibilidad. En Tungurahua, estas barreras se agravan debido a factores estructurales como la escasa diversificación económica y el predominio de la informalidad laboral, lo que dificulta que los jóvenes encuentren empleos que correspondan con sus perfiles educativos y expectativas profesionales.
Además, la normativa laboral ecuatoriana incluye mecanismos de protección social, como el seguro de desempleo y la cesantía, destinados a brindar respaldo económico en casos de pérdida laboral. No obstante, Lomo (2020), señala que la efectividad de estos mecanismos depende en gran medida de la capacidad de articular los marcos normativos nacionales con las realidades locales. Este aspecto es particularmente relevante en Tungurahua, donde las dinámicas laborales exigen políticas más adaptadas a las necesidades de su población joven.
En este contexto, resulta esencial fortalecer la regulación laboral en Ecuador para cerrar las brechas entre las normativas nacionales y las condiciones específicas de cada región. Esto implica realizar una revisión crítica de las estrategias actuales e incorporar enfoques más participativos en el diseño e implementación de políticas laborales. Asegurar, que las necesidades de los jóvenes en regiones como Tungurahua sean atendidas constituyen un paso indispensable para promover su inclusión socioeconómica y garantizar su acceso a empleos de calidad.
Contexto global del empleo juvenil
El empleo juvenil representa un desafío global persistente, caracterizado por tasas de desempleo significativamente más altas en comparación con las de la población adulta. Según, Zuluaga et al. (2018), en América Latina y el Caribe, esta problemática está vinculada a barreras estructurales como la prevalencia de la informalidad laboral, la limitada oferta de educación de calidad y los efectos adversos de los ciclos económicos. Estas condiciones no sólo restringen el desarrollo económico, sino que también aumentan los riesgos de exclusión social y violencia, posicionando el empleo juvenil como un tema prioritario en las agendas públicas de la región.
A nivel internacional, las políticas laborales recientes han destacado la necesidad de promover programas de inserción laboral juvenil que integren capacitación técnica, incentivos económicos y estrategias de inclusión social. Se enfatiza que, en contextos
de crisis económica, es esencial reforzar los vínculos entre el sistema educativo y el mercado laboral para garantizar que los jóvenes adquieran habilidades acordes con las demandas de las economías modernas (Ossa et al., 2016). Este enfoque resulta particularmente relevante para regiones como Tungurahua, donde las oportunidades laborales tienden a concentrarse en sectores tradicionales, limitando las opciones para los jóvenes que buscan empleos acordes a sus expectativas y formación.
Además, las iniciativas internacionales han puesto en evidencia la importancia de la cooperación interinstitucional para la implementación de políticas efectivas. Lomo, (2020), argumenta que la coordinación entre actores locales, nacionales e internacionales es fundamental para que las políticas públicas se adapten a las especificidades territoriales y no perpetúen desigualdades preexistentes. Ejemplos exitosos, como los sistemas duales de formación en Alemania, donde la educación técnica se complementa con prácticas laborales, ofrecen valiosas referencias para adaptar estrategias a nivel regional, especialmente en contextos emergentes como el de Tungurahua.
El panorama global del empleo juvenil proporciona aprendizajes significativos que pueden ser aprovechados en regiones como Tungurahua. Sin embargo, para que estas soluciones sean efectivas, deben integrarse con políticas nacionales y regionales que consideren las particularidades económicas, culturales y sociales de la provincia. Solo mediante enfoques innovadores y colaborativos será posible desarrollar respuestas inclusivas y sostenibles que impulsen la participación de los jóvenes en el mercado laboral y contribuyan al desarrollo integral de la región.
Problemáticas específicas de Tungurahua
En la provincia de Tungurahua, el empleo juvenil enfrenta múltiples desafíos que reflejan las dinámicas estructurales del mercado laboral local. Entre los problemas más relevantes destacan la elevada tasa de informalidad, la escasez de oportunidades laborales en sectores emergentes y las restricciones en el acceso a programas de capacitación. Según Valdez y Cuadrado (2017), la informalidad laboral afecta a una parte significativa de la población joven en Ambato, dificultando el acceso a derechos laborales formales y perpetuando situaciones de precariedad económica.
Otro obstáculo crítico es la desconexión entre las competencias adquiridas por los jóvenes y las demandas del mercado laboral local. La economía de Tungurahua está dominada por sectores tradicionales como el comercio y la agricultura, que ofrecen pocas oportunidades para jóvenes con formación técnica o profesional. Morales y Rafael (2015) subrayan que esta brecha entre habilidades y necesidades laborales generan frustración entre los jóvenes, al limitar sus posibilidades de desarrollo profesional. Esta problemática afecta de manera desproporcionada a mujeres y jóvenes de comunidades rurales, quienes enfrentan barreras adicionales relacionadas con la discriminación y el acceso limitado a recursos.
Además, la falta de incentivos efectivos para el emprendimiento juvenil constituye una problemática recurrente en la provincia. A pesar de la existencia de programas locales
diseñados para apoyar a jóvenes emprendedores, Se advierte que las barreras burocráticas y la escasa disponibilidad de financiamiento reducen considerablemente el impacto de estas iniciativas (Zuluaga et al., 2018). Este panorama contribuye a un círculo vicioso de desempleo y subempleo que afecta tanto el desarrollo individual como al crecimiento económico de Tungurahua.
Por último, estudios y encuestas realizadas en la región reflejan una percepción generalizada de insatisfacción hacia las políticas públicas dirigidas al empleo juvenil, particularmente en relación con su capacidad para generar cambios estructurales y sostenibles. Este contexto subraya la necesidad urgente de diseñar e implementar políticas más efectivas, que no sólo responden a las demandas inmediatas, sino que también promuevan un desarrollo integral, inclusivo y equitativo para la juventud de Tungurahua.
Programas implementados y su evaluación
En Tungurahua, las políticas públicas dirigidas al empleo juvenil han intentado responder a las necesidades de una población que enfrenta elevados niveles de desempleo y precariedad laboral. Programas como Mi Primer Empleo y Empleo Joven, promovidos por el Ministerio de Trabajo, han tenido presencia en la provincia con el objetivo de facilitar la inserción laboral y brindar oportunidades de capacitación. Según el Ministerio de Trabajo del Ecuador (2021), estas iniciativas se enfocan en ofrecer contratos especiales y prácticas preprofesionales destinadas a jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral formal. Sin embargo, su alcance ha sido limitado, ya que muchas empresas locales carecen de incentivos suficientes para participar en estos programas.
Uno de los principales desafíos de estas políticas radica en su limitada adaptabilidad a las características económicas y sociales de la región. Morales y Rafael (2015) destacan que la eficacia de las políticas públicas en contextos locales depende de su capacidad para ajustarse a las dinámicas específicas del territorio. En el caso de Tungurahua, donde predominan sectores tradicionales como el comercio y la agricultura, los programas de empleo juvenil frecuentemente carecen de componentes orientados al desarrollo de habilidades para sectores emergentes, lo que genera una brecha significativa entre las expectativas de los jóvenes y las oportunidades reales disponibles en el mercado.
Otro aspecto crítico es la insuficiencia de mecanismos para el seguimiento y evaluación de los resultados de estas iniciativas. Aunque las normativas nacionales establecen lineamientos claros para fomentar el empleo juvenil, su implementación en el nivel provincial no cuenta con herramientas robustas para medir su impacto. Valdez y Cuadrado (2017), señalan que, en ciudades como Ambato, estas políticas a menudo no logran superar problemas estructurales del mercado laboral, como la alta informalidad y la elevada rotación laboral, lo que limita su capacidad de generar cambios sostenibles.
A pesar de estas limitaciones, algunos esfuerzos locales han mostrado potencial. Iniciativas impulsadas por los gobiernos municipales, como programas de capacitación técnica y proyectos de fomento al emprendimiento juvenil, presentan modelos prometedores para complementar las políticas nacionales. Sin embargo, Zuluaga et al. (2018), advierten que el éxito de estas intervenciones depende de una mayor coordinación con el gobierno central y de una inversión más sustancial en recursos que permitan garantizar su efectividad. Estas acciones locales, si bien representan avances, requieren de un marco estratégico más sólido y sostenido para enfrentar los desafíos específicos de la región.
Relevancia del enfoque comunitario
El desarrollo comunitario constituye un pilar esencial para garantizar la eficacia y sostenibilidad de las políticas públicas orientadas al empleo juvenil. En Tungurahua, donde las dinámicas sociales y económicas están profundamente influenciadas por las características locales, la participación activa de las comunidades puede actuar como un catalizador para el cambio. Morales y Rafael (2015), subrayan que las iniciativas que involucran a las comunidades desde la etapa de diseño hasta su ejecución, no sólo son más sostenibles, sino que también fortalecen el sentido de pertenencia y compromiso colectivo. Este aspecto es especialmente relevante en el ámbito del empleo juvenil, donde los jóvenes a menudo se sienten desvinculados de las decisiones que afectan su futuro.
Una de las principales fortalezas del enfoque comunitario es su capacidad para identificar y abordar las necesidades específicas de los jóvenes en sus propios contextos. En Tungurahua, los jóvenes de áreas rurales enfrentan retos distintos a los de las zonas urbanas, como un acceso limitado a programas de capacitación y menos oportunidades laborales. Morales y Rafael (2015), destacan que la cohesión social y el empoderamiento comunitario son herramientas fundamentales para combatir estas desigualdades, creando redes de apoyo que fomentan la inclusión laboral de los jóvenes más vulnerables.
Además, este enfoque permite articular las políticas públicas con otras iniciativas locales, como la promoción de emprendimientos juveniles. Se afirma que los programas de empleo juvenil alcanzan mayores niveles de efectividad cuando se integran con estrategias de desarrollo local, ya que generan beneficios económicos tanto para los jóvenes como para sus comunidades (Zuluaga et al., 2018). En el caso de Tungurahua, estas sinergias pueden materializarse en proyectos como la creación de cooperativas juveniles en sectores estratégicos o en el fomento de actividades culturales y turísticas que potencien la economía regional.
Sin embargo, implementar un enfoque comunitario en las políticas públicas conlleva desafíos importantes. Ossa et al. (2016), advierten que la falta de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno y las comunidades puede limitar el impacto de estas iniciativas, especialmente cuando no se toman en cuenta las particularidades culturales y sociales del territorio. Por ello, es fundamental fortalecer los mecanismos de consulta y participación ciudadana, asegurando que las voces de los jóvenes y sus comunidades
sean consideradas y valoradas en todas las etapas del diseño y ejecución de las políticas públicas.
El enfoque comunitario no solo mejora la eficacia de las políticas públicas, sino que también impulsa un desarrollo más equitativo y sostenible en Tungurahua. Al empoderar a las comunidades y fomentar su participación activa, se crean las condiciones necesarias para que los jóvenes accedan a oportunidades laborales alineadas con sus necesidades y aspiraciones, contribuyendo de manera significativa al bienestar general de la provincia.
Buenas prácticas internacionales en empleo juvenil
A nivel global, numerosos países han desarrollado políticas públicas innovadoras para enfrentar el desempleo juvenil, ofreciendo ejemplos que pueden servir de referencia para diseñar estrategias en Tungurahua. Uno de los modelos más destacados es el sistema dual de formación profesional en Alemania, que combina educación teórica en instituciones académicas con formación práctica en empresas. Según Ossa et al. (2016), este enfoque no solo aumenta la empleabilidad de los jóvenes al alinearse con las demandas del mercado laboral, sino que también fortalece la relación entre el sistema educativo y el sector productivo. En Tungurahua, donde predominan los sectores tradicionales, la adaptación de este modelo podría ser clave para preparar a los jóvenes para empleos especializados y de mayor calidad.
Otro ejemplo exitoso es el programa Youth Guarantee implementado en la Unión Europea, que asegura que los jóvenes reciban una oferta de empleo, formación continua o educación adicional en un plazo de cuatro meses tras quedar desempleados. Zuluaga et al. (2018), señalan que esta iniciativa ha sido efectiva para reducir las tasas de desempleo juvenil en países con economías en transición, al priorizar la inclusión y el acceso equitativo a oportunidades. En Tungurahua, un programa similar podría enfocarse en fortalecer la transición de los jóvenes del sistema educativo al mercado laboral formal, garantizando que los más vulnerables tengan acceso a empleos dignos.
En América Latina, un ejemplo relevante es el de Chile, que ha implementado políticas públicas para fomentar el emprendimiento juvenil a través de incentivos fiscales y programas de capacitación. Según Morales y Rafael (2015), estas estrategias han promovido la creación de pequeñas y medianas empresas lideradas por jóvenes, generando un impacto positivo tanto en la economía local como en los ingresos personales de los emprendedores. Para Tungurahua, donde el emprendimiento surge como una alternativa ante la escasez de empleos formales, este enfoque podría adaptarse a las particularidades culturales y económicas de la provincia, especialmente en sectores emergentes o ligados a la identidad local, como el turismo y la artesanía.
Sin embargo, la transferencia de modelos internacionales debe realizarse con precaución. Ossa et al. (2016), advierten que las diferencias estructurales, económicas y sociales entre los contextos de origen y destino pueden limitar la efectividad de estas estrategias si no se adaptan adecuadamente. Esto subraya la importancia de
contextualizar las buenas prácticas internacionales, asegurando que respondan a las características específicas de Tungurahua y sean sostenibles a largo plazo.
Las experiencias internacionales no solo aportan ejemplos exitosos, sino que también ofrecen valiosas lecciones sobre los desafíos y riesgos asociados con la implementación de políticas públicas en el ámbito del empleo juvenil. Al integrar estas prácticas de manera contextualizada, Tungurahua puede avanzar hacia la construcción de un entorno laboral más inclusivo y resiliente para su población joven, fomentando un desarrollo económico y social más equitativo.
Integración de marcos normativos locales e internacionales
La integración de marcos normativos locales e internacionales es crucial para garantizar que las políticas públicas atiendan las necesidades específicas de los territorios y cumplan con los estándares globales en materia de derechos laborales y sociales. En Tungurahua, esta integración puede facilitar la adopción de estrategias innovadoras que complementen las normativas nacionales, maximizando su efectividad en un contexto regional. Lomo (2020), subraya que una adecuada coordinación normativa fomenta la coherencia en las políticas públicas, al establecer principios comunes que guían la implementación de medidas específicas en diferentes niveles de gobierno.
En Ecuador, la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil proporciona directrices claves para fomentar el empleo juvenil, incluyendo la creación de contratos especiales y programas de capacitación. Sin embargo, su impacto en provincias como Tungurahua está condicionado a la capacidad de adaptarla a las particularidades locales. Según Morales y Rafael (2015), este proceso de adaptación requiere mecanismos de articulación que vinculen las normativas nacionales con las iniciativas comunitarias y regionales, asegurando que las políticas públicas reflejen las características culturales, económicas y sociales de la población beneficiaria.
A nivel global, instrumentos como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible ofrecen un marco complementario que puede fortalecer las normativas locales. En particular, el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico, subraya la importancia de generar oportunidades laborales inclusivas y sostenibles para los jóvenes. Ossa et al. (2016), destacan que el alineamiento de las políticas públicas locales con los ODS no sólo permite acceder a recursos y conocimientos técnicos internacionales, sino que también fortalece la capacidad de los gobiernos locales para implementar programas más efectivos.
En Tungurahua, la integración de marcos normativos podría incluir acuerdos de cooperación entre gobiernos locales e instituciones internacionales, orientados a financiar programas de empleo juvenil y a compartir buenas prácticas. Zuluaga et al. (2018), argumentan que este tipo de cooperación es fundamental para superar limitaciones estructurales, como la falta de infraestructura y de recursos humanos capacitados, que dificultan la implementación efectiva de políticas públicas en contextos regionales.
Sin embargo, esta integración también enfrenta desafíos significativos, como la fragmentación en la aplicación de las políticas y la ausencia de mecanismos sólidos de monitoreo y evaluación. Lomo (2020), advierte que, sin una adecuada coordinación, las políticas públicas pueden volverse inconsistentes y perder eficacia, lo que afecta su capacidad para generar resultados sostenibles. Por ello, es indispensable diseñar sistemas que fomenten la colaboración efectiva entre actores locales, nacionales e internacionales, promoviendo políticas inclusivas y alineadas con las necesidades reales de la población juvenil.
La alineación de los marcos normativos locales con los estándares internacionales, no sólo puede fortalecer las políticas públicas de empleo juvenil en Tungurahua, sino también contribuir al desarrollo económico equitativo y sostenible. Esta integración asegura la garantía de los derechos laborales de los jóvenes, al tiempo que refuerza la cohesión social y la resiliencia de las comunidades locales, creando un entorno más propicio para el bienestar colectivo y el crecimiento regional.
El análisis realizado sobre las políticas públicas de empleo juvenil en Tungurahua destaca la relevancia de integrar modelos internacionales que han demostrado ser exitosos en contextos comparables. Uno de los casos más destacados es el sistema dual de formación profesional en Alemania, que combina la enseñanza teórica con la formación práctica en empresas. Este modelo, al vincular directamente el sistema educativo con las necesidades del mercado laboral, ofrece una solución efectiva para reducir la brecha entre competencias y empleabilidad. En Tungurahua, este enfoque podría ser adaptado a sectores estratégicos como el turismo, la tecnología y la artesanía, promoviendo empleos especializados que respondan a las particularidades de la provincia.
El programa Youth Guarantee, implementado en la Unión Europea, asegura que los jóvenes reciban una oferta de empleo, capacitación o educación adicional en un plazo determinado tras quedar desempleados. Este modelo, centrado en la inclusión y la sostenibilidad, podría servir de referencia para desarrollar programas provinciales que faciliten la transición de los jóvenes tungurahuenses al mercado laboral formal. Sin embargo, su implementación en la provincia requeriría una adaptación que considere las limitaciones estructurales locales, como la falta de diversificación económica y el predominio del empleo informal.
Los instrumentos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ofrecen un marco normativo complementario que puede fortalecer las políticas locales. En particular, el ODS número 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico, subraya la importancia de diseñar estrategias inclusivas que garanticen el acceso equitativo a oportunidades laborales para los jóvenes. Estos principios pueden ser integrados en las normativas provinciales para alinear las políticas públicas con estándares internacionales y asegurar su sostenibilidad.
La justiciabilidad de los derechos sociales debe basarse en un enfoque multinivel que articule lo comunitario, lo estatal y lo internacional (Cruz Rueda, 2018).
El fortalecimiento de un enfoque comunitario participativo emerge como una estrategia esencial para garantizar la efectividad y el impacto a largo plazo de las políticas públicas. Estudios previos, como los realizados por Morales y Rafael (2015), resaltan que las intervenciones que involucran activamente a las comunidades no solo promueven la cohesión social, sino que también generan soluciones más ajustadas a las realidades locales. En Tungurahua, la creación de cooperativas juveniles y redes de emprendimiento comunitario podría representar una alternativa viable para abordar el desempleo juvenil, especialmente en áreas rurales.
Aunque los modelos internacionales proporcionan aprendizajes valiosos, su transferencia a Tungurahua debe realizarse cuidadosamente, asegurando que las estrategias adoptadas respondan a las necesidades específicas de la provincia. Este proceso requiere una articulación efectiva entre las normativas nacionales, como la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, y los principios establecidos por instrumentos internacionales. La coordinación entre actores locales, nacionales e internacionales es clave para superar las barreras estructurales y fomentar un desarrollo económico y social equitativo en la región.
El estudio evidenció que las políticas públicas dirigidas al empleo juvenil en Tungurahua presentan importantes limitaciones que afectan su efectividad y sostenibilidad. En primer lugar, se identificó que programas como "Mi Primer Empleo" y "Empleo Joven" tienen una cobertura insuficiente, lo que limita su alcance a sectores específicos de la población juvenil, especialmente en zonas rurales. Asimismo, estos programas carecen de incentivos efectivos para motivar la participación activa de las empresas locales.
Otro hallazgo relevante es la desconexión entre las competencias adquiridas por los jóvenes y las demandas reales del mercado laboral en la provincia. Esta brecha reduce significativamente las posibilidades de inserción laboral, sobre todo en sectores emergentes como el turismo y la tecnología. Además, se constató que las normativas nacionales, como la Ley Orgánica para la Promoción del Trabajo Juvenil, no siempre se adaptan a las realidades socioeconómicas y culturales de Tungurahua, lo que limita su impacto a nivel local.
Las garantías normativas de los derechos sociales requieren un enfoque que contemple la progresividad y la no regresión, incluso en contextos económicos adversos (Noguera, 2017).
Por último, las políticas actuales no integran un enfoque comunitario que permita fortalecer el tejido social y fomentar la sostenibilidad de las iniciativas. Este aspecto
resulta crucial en un contexto donde la participación activa de las comunidades podría potenciar el desarrollo de soluciones inclusivas y contextualizadas.
A partir de los resultados obtenidos, se concluye que las políticas públicas dirigidas al empleo juvenil en Tungurahua deben ser objeto de ajustes profundos para responder de manera efectiva a las necesidades de la región. Es indispensable adaptar las normativas nacionales a las particularidades económicas y culturales de la provincia, asegurando que las estrategias implementadas tengan un enfoque regionalizado que contemple sus especificidades.
Se subraya la necesidad de fortalecer la conexión entre el sistema educativo y el mercado laboral. Diseñar programas que vinculen las competencias de los jóvenes con las demandas de sectores productivos clave, como el turismo y la tecnología, podría mejorar significativamente las oportunidades de empleo formal.
La incorporación de un enfoque comunitario participativo resulta esencial para garantizar la sostenibilidad de las políticas públicas. Promover la integración de jóvenes y comunidades en el diseño e implementación de estas iniciativas no solo reforzaría el tejido social, sino que también impulsaría su efectividad a largo plazo.
El nuevo paradigma de los derechos sociales debe reconfigurar las prácticas de garantía hacia modelos descentralizados que respondan a las realidades del siglo XXI (Noguera, 2017).
Los aprendizajes de modelos internacionales como el sistema dual de formación profesional en Alemania o el programa Youth Guarantee en Europa pueden enriquecer las estrategias locales. Sin embargo, es fundamental contextualizar estas experiencias para asegurar su relevancia en el entorno específico de Tungurahua. Del mismo modo, la articulación entre marcos normativos locales e internacionales permitirá cerrar brechas estructurales y fomentar un desarrollo económico y social más equitativo para la juventud de la provincia.
La presente investigación no recibió financiamiento de ninguna entidad, ya sea pública o privada. Su desarrollo se llevó a cabo exclusivamente con los recursos propios de los autores.
Los autores declaran que no existe conflicto de interés alguno en la realización, desarrollo y publicación de este artículo.
Este artículo contribuye al análisis de las políticas públicas desde una perspectiva regional y del derecho público, con un enfoque en las limitaciones de las estrategias actuales para el empleo juvenil en Tungurahua. La investigación identifica áreas clave de mejora en las normativas y su implementación, proporcionando una visión interdisciplinaria que fortalece el vínculo entre la teoría y la práctica en el diseño de políticas públicas inclusivas y sostenibles.
Carlos Bucheli y Juan Pablo Santamaría Velasco colaboraron equitativamente en la realización de esta investigación. Carlos Bucheli asumió la redacción principal del manuscrito, desarrollando el análisis conceptual y realizando la revisión bibliográfica. Juan Pablo Santamaría Velasco se encargó de la revisión crítica del contenido, adaptó el texto al formato de la revista y efectuó los ajustes necesarios para garantizar la coherencia, precisión y claridad del documento.
Los autores expresan su agradecimiento a las instituciones académicas y bases de datos consultadas, que facilitaron el acceso a la información esencial para sustentar este trabajo.
Carrera Morales, C. (2015). Tendencias del desarrollo económico en Ambato y su impacto en el empleo juvenil. Universidad Técnica de Ambato, Facultad de Ciencias Administrativas. https://doi.org/10.36443/10259/3836
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Carlos Alejandro Bucheli Escobar. ORCID iD 
https://orcid.org/0009-0002-4363-5615 Es investigador y editor de la Consultora FocusData Tungurahua, encargado de levantar datos del pensamiento contemporáneo y político de la ciudad de Ambato país Ecuador.
Juan Pablo Santamaría Velasco. ORCID iD 
https://orcid.org/0000-0002-8775-4600 Es investigadora y Jefe de Redacción de la Consultora FocusData Tungurahua. Obtuvo su título en derecho en la Universidad Regional Autónoma de los Andes, tiene una maestría en Derecho Constitucional por la misma Universidad. Su línea de investigación es en teorías de la ciencia de datos y su aplicación en el derecho. Actualmente es investigador/docente de la ciudad Ambato país Ecuador.
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