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Artificial intelligence and its impact on electronic evidence
A inteligência artificial e o seu impacto nas provas electrónicas
Vidal Antonio Rosero Toapanta1
1 Consejo de la Judicatura. Ambato-Ecuador. Correo: vidalantoniorosero@hotmail.com
Fecha de recepción: 5 de mayo de 2025 Fecha de aceptación: 3 de junio de 2025
of AI on the use and validation of electronic evidence within the judicial system. It examines both the benefits and challenges presented by the introduction of AI, addressing issues such as fairness, privacy, and algorithmic bias. METHOD. The study is conducted through a literature review of various sources. DISCUSSION AND CONCLUSIONS. The need for legal reforms and guidelines that ensure the ethical and responsible use of AI in justice, protecting fairness and constitutional rights, while improving the efficiency of the judicial system, is highlighted.
La humanidad, en su constante evolución, ha experimentado avances vertiginosos en diversas áreas como el conocimiento, la tecnología, la informática, la comunicación, la industria, el comercio electrónico, las transacciones financieras y la administración pública. Estos desarrollos han incrementado la eficiencia en una variedad de actividades, pero también han dado lugar a nuevos conflictos y retos sociales (Rosero, 2024). Este panorama de transformación digital ha alcanzado todos los sectores, incluyendo el sistema judicial, que ahora enfrenta la necesidad de adaptarse a una nueva era tecnológica.
En este contexto, el uso de la inteligencia artificial (IA) y las pruebas electrónicas marcarán un cambio sustancial en la administración de justicia. La IA, al poder procesar grandes volúmenes de datos y ofrecer análisis rápidos y eficientes, tiene el potencial de mejorar la efectividad y la precisión en la resolución de conflictos. Además, las pruebas electrónicas prometen mayor agilidad y accesibilidad en los procesos judiciales. No obstante, este avance plantea serias interrogantes en torno a su impacto sobre los derechos constitucionales, la transparencia del proceso judicial y la fiabilidad de las pruebas electrónicas, elementos esenciales en la búsqueda de justicia.
El presente trabajo tiene como objetivo analizar el impacto de la inteligencia artificial en la utilización y validación de la prueba electrónica en el ámbito judicial. La integración de estas tecnologías en el sistema de justicia ofrecerá tanto beneficios como desafíos. Mientras que la IA puede optimizar la gestión de datos y las pruebas digitales, también surgen preocupaciones sobre la transparencia, la protección de la privacidad y la posibilidad de sesgos algorítmicos que afecten el proceso judicial. Este trabajo busca reflexionar sobre cómo el sistema judicial puede adaptarse a estos avances tecnológicos de manera ética y responsable, garantizando que se respeten los principios constitucionales.
Este artículo se estructura en varias secciones que abordan los aspectos determinantes del tema. Inicialmente, se explora la inteligencia artificial en el sistema judicial, analizando su concepto y sus funciones. A continuación, se abordará la regulación de la inteligencia artificial en el ámbito judicial, para luego adentrarse en el estudio de la prueba en el proceso judicial digital y la validación de la prueba electrónica. Asimismo, se discutirán los elementos fundamentales de la prueba judicial, el objeto y finalidad de la prueba digital, y se establecerá la comparación entre los medios de prueba físicos y digitales. Se tratarán también los principios procesales de la prueba digital y los requisitos de admisibilidad de la prueba, tanto intrínsecos como extrínsecos. Finalmente, se examinarán las fases del proceso probatorio con inteligencia artificial. A lo largo de esta estructura, se busca proporcionar un análisis integral sobre cómo la IA transforma la prueba judicial, con un enfoque en la ética, la equidad y la transparencia en la administración de justicia.
La inteligencia artificial (IA) está a punto de transformar profundamente el sistema judicial, prometiendo optimizar la administración de justicia y cambiar la manera en que se llevan a cabo los procesos judiciales. Su implementación no debe ser vista únicamente como un medio para agilizar los procedimientos, sino también como una herramienta que introduce un enfoque más lógico y organizado en la interpretación de las normas legales y la jurisprudencia, tanto a nivel nacional como internacional. La Corte Constitucional de Colombia, en la sentencia Nro. T-323-24, resalta que la incorporación de la IA en el sistema judicial tiene el potencial de mejorar
la eficiencia y organización de los procesos judiciales, promoviendo una justicia más accesible y equitativa. Sin embargo, la Corte subraya que la IA debe ser vista como una herramienta complementaria, no como un sustituto de la toma de decisiones humanas en el ámbito judicial.
Desde esta perspectiva, la Corte contextualiza la inteligencia artificial (IA) como un campo tecnológico en constante evolución que abarca sistemas diseñados para realizar tareas que normalmente requieren de inteligencia humana. Estos sistemas son capaces de aprender, razonar, tomar decisiones y, en muchos casos, actuar de manera autónoma. Su objetivo es emular ciertas capacidades cognitivas humanas, tales como el razonamiento, la percepción y la toma de decisiones. A lo largo de su evolución, la IA ha pasado de ser una idea emergente en los años 50 a convertirse en una herramienta fundamental en áreas como la medicina, la industria, la educación y los servicios financieros. Aunque no existe una definición universalmente aceptada, los sistemas de IA se caracterizan por su capacidad para percibir su entorno, procesar información y generar respuestas adecuadas para alcanzar objetivos específicos.
En cuanto al funcionamiento de los sistemas de IA, la Corte Constitucional colombiana se refiere a l o s tres componentes fundamentales: la percepción, razonamiento y la actuación. Los sistemas de IA perciben su entorno a través de sensores que recogen datos, los cuales luego son procesados para tomar decisiones mediante algoritmos de razonamiento. Una vez procesada la información, la IA actúa, modificando el entorno o generando respuestas que cumplen con los objetivos establecidos. Además, muchos sistemas de IA actuales cuentan con la capacidad de aprender de los datos, adaptando su comportamiento para mejorar su rendimiento con el tiempo. Este proceso de adaptación es crucial, ya que permite que la IA modifique sus respuestas basándose en experiencias previas, optimizando sus decisiones futuras. Este enfoque es la base de tecnologías avanzadas como el aprendizaje automático y la IA generativa.
Finalmente, el máximo organismo de justicia constitucional colombiano advierte sobre los retos éticos y legales asociados al uso de la IA en el sistema judicial. A pesar de los avances que puede traer la IA en términos de eficiencia, la Corte aclara que la información generada por la IA no siempre es verificable ni confiable. Por lo tanto, la valoración de las pruebas y la toma de decisiones judiciales siguen siendo responsabilidad exclusiva de los jueces naturales, quienes deben asegurarse de cumplir con los principios de licitud, pertinencia y proporcionalidad. Además, la Corte destaca la importancia de proteger la privacidad y los datos personales, ya que la IA puede implicar el manejo de información sensible. En este sentido, las leyes colombianas sobre protección de datos personales deben garantizar que la información confidencial no sea compartida inapropiadamente con plataformas de IA, protegiendo así los derechos fundamentales de los ciudadanos (CCC, 2024, Sentencia Nro. T–323-24).
La regulación del impacto de la inteligencia artificial en la prueba electrónica se inserta en un marco normativo orientado a la protección de los derechos fundamentales, buscando armonizar los avances tecnológicos con las garantías constitucionales. En este contexto, es importante destacar que “la Constitución de la República del Ecuador, como norma jurídica fundamental que sustenta todo el ordenamiento jurídico, establece principios básicos que fundamentan el régimen jurídico. En su artículo inicial, declara al Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia, instituyendo un axioma estructural, organizacional, jurídico y político que orienta el sistema normativo hacia la dignidad humana. Así, la Ley Suprema se presenta como una unidad lógica, armónica y concordante, basada en valores, principios y reglas que promueven la dignidad humana sobre todo y ante un todo” (Rosero, 2024, p. 34). Por lo tanto, el ordenamiento, al integrar y armonizar las normas fundamentales, exige que las leyes orgánicas reguladoras de las instituciones creadas por la Constitución estén en consonancia con dichos principios, lo que refuerza la responsabilidad estatal de garantizar un acceso equitativo a los avances científicos y tecnológicos, incluyendo el uso de herramientas electrónicas en la administración de justicia.
La Constitución también reconoce explícitamente el derecho de los ciudadanos a beneficiarse del progreso científico y tecnológico (art. 25 CRE), un principio cardinal que impulsa la integración de la inteligencia artificial en los procesos judiciales. No obstante, este derecho debe ejercerse dentro de un marco de regulación que asegure el cumplimiento de los requisitos de autenticidad e integridad de las pruebas electrónicas, garantizando que los avances tecnológicos no alteren los principios de justicia y equidad en los procesos judiciales. En este sentido, el sistema judicial debe adaptarse a la era digital sin vulnerar los derechos constitucionales, permitiendo que las pruebas electrónicas sean reconocidas como instrumentos válidos y legítimos en la resolución de conflictos, siempre respetando las garantías procesales.
Por su parte, la Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos (LCE) regula los mensajes de datos, las firmas electrónicas y los servicios de certificación, creando un marco normativo robusto para las interacciones electrónicas en los ámbitos comercial y judicial. Esta ley tiene como objetivo fundamental garantizar la seguridad y fiabilidad de las transacciones electrónicas, protegiendo a los usuarios que interactúan con los sistemas electrónicos y asegurando la legalidad de las pruebas electrónicas en la administración de justicia (art. 1 LCE).
Adicionalmente, el Código Civil (CC), en su regulación de las relaciones jurídicas privadas, establece que la autenticidad de las pruebas documentales debe estar en consonancia con los principios de legalidad y justicia. En este contexto, la validez de las pruebas electrónicas debe evaluarse conforme a los mismos estándares de legalidad, legitimidad y equidad que rigen las pruebas tradicionales, garantizando que estas sean plenamente admitidas en el ámbito judicial sin comprometer los derechos constitucionales de las partes implicadas (Rosero, 2024).
El Código Orgánico General de Procesos (COGP) establece los principios rectores y procedimientos relativos a la admisión y valoración de las pruebas dentro del sistema judicial, asegurando que tanto las pruebas físicas como las electrónicas sean tratadas conforme a los principios procesales de utilidad, licitud, pertinencia y coherencia. Así, el marco normativo establecido por la Ley de Comercio Electrónico proporciona una regulación complementaria respecto a la validez de los mensajes de datos y las firmas electrónicas, garantizando la fiabilidad y transparencia de las pruebas electrónicas en el proceso judicial.
En este contexto, es esencial que la incorporación de la inteligencia artificial en el ámbito judicial y, específicamente, en la prueba electrónica, se realice de manera armónica dentro del marco normativo. La validez, autenticidad y fiabilidad de las pruebas electrónicas deben ser garantizadas conforme a los principios constitucionales, asegurando que la utilización de la inteligencia artificial no solo favorezca la eficiencia y eficacia en la administración de justicia, sino que también respete los derechos fundamentales de las personas, garantizando su acceso equitativo a la justicia en la era digital.
La prueba demuestra la veracidad de los hechos en un proceso judicial, permitiendo una decisión justa. En este contexto, la inteligencia artificial desempeñará un papel crucial al transformar los métodos tradicionales de verificación y validación de pruebas. Esta tecnología facilitará la autenticidad de los documentos digitales y mejorará la eficiencia de los procesos judiciales, asegurando que las obligaciones sean evaluadas adecuadamente en términos de su veracidad y cumplimiento.
En el derecho procesal, la prueba es uno de los pilares fundamentales, ya que permite verificar y esclarecer los hechos controvertidos dentro de un juicio. Mediante distintas actividades y medios, la prueba ayuda a aclarar los hechos y brinda al administrador de justicia los elementos necesarios para tomar decisiones justas y fundamentadas. Según Fernández (2010), la prueba debe entenderse desde tres componentes: materialidad, procesalidad y subjetividad, los cuales permiten una definición flexible y adaptable a cada situación particular en el proceso judicial (p. 227). Es decir, la prueba en un juicio debe considerarse desde tres aspectos: la materialidad (los medios de prueba), la procesalidad (las reglas de anuncio, admisión y práctica de esos medios) y la subjetividad (la interpretación del juez sobre lo probado). Estos tres elementos permiten que la prueba se ajuste a cada caso, asegurando su aplicación justa y acorde con la realidad del conflicto.
Diversos tratadistas coinciden en que la función de la prueba no es solo descubrir los hechos, sino también acreditar la certeza de su existencia dentro del proceso judicial. Couture (1958), Carnelutti y Echandía (1993) destacan que la prueba es crucial no solo para la verificación de hechos, sino también como un medio persuasivo. En este sentido, Guasp (1977) y Cabanellas (1998) subrayan la importancia de la prueba como herramienta persuasiva, facilitando al juez la determinación de la veracidad de los hechos presentados. Chiovenda (1925) y
Couture (1958) distinguen entre la prueba como verificación (afirmar o negar los hechos) y la prueba como convicción (influenciar la percepción del juez sobre los hechos). Así, la prueba no solo confirma hechos, sino que también persuade, asegurando una correcta administración de justicia y protegiendo los derechos de las partes involucradas.
En el contexto judicial ecuatoriano, la prueba sigue siendo fundamental para garantizar la seguridad jurídica en los procesos. En este sentido, la inteligencia artificial emerge como una herramienta transformadora para los métodos tradicionales de verificación y validación de pruebas, especialmente en lo que respecta a las obligaciones generadas por medios electrónicos. La incorporación de sistemas basados en IA permitirá asegurar la autenticidad e integridad de los documentos digitales, optimizando los procesos judiciales mediante el análisis de grandes volúmenes de datos y la detección de patrones o fraudes digitales, lo que ofrecerá un nivel confiable de verificación.
No obstante, su integración plantea desafíos importantes, como la adaptación de las normas legales a esta nueva realidad tecnológica. El Código Orgánico General de Procesos establece principios sobre la admisión y valoración de la prueba, pero el uso de la IA requiere un marco normativo adecuado que regule su implementación, previniendo riesgos como la manipulación de datos o la alteración de pruebas electrónicas. Por ello, es esencial que el sistema judicial no solo adopte estas tecnologías, sino que también establezca regulaciones claras que protejan los principios del debido proceso y los derechos constitucionales de las personas. Esto garantizará que las pruebas electrónicas sean seguras, confiables y respetuosas de los derechos constitucionales, asegurando una administración de justicia eficiente y justa.
La prueba electrónica va adquiriendo una gran relevancia en el ámbito jurídico, siendo fundamental para garantizar la validez de los documentos digitales. Según la Ley de Comercio Electrónico, los mensajes de datos tienen el mismo valor legal que los documentos físicos, siempre que cumplan con la normativa legal (art. 2). Esto implica que los documentos electrónicos deben ser legibles mediante el software y hardware adecuados, garantizar su integridad y autenticidad, y permitir la identificación de las personas involucradas.
El Código Orgánico General de Procesos respalda esta disposición, reconociendo que los documentos electrónicos tienen la misma validez que los físicos dentro de los procedimientos judiciales (art. 115 COGP). Además, establece que las pruebas electrónicas deben presentarse en soportes tecnológicos apropiados (arts. 196 COGP y 54 LCE). En este contexto, la inteligencia artificial cumplirá una función clave al garantizar la autenticidad y fiabilidad de los documentos electrónicos, ya que permitirá verificar su integridad y detectar posibles alteraciones o fraudes. Esto asegura que la prueba electrónica sea segura y válida en el proceso judicial.
De este modo, la prueba electrónica no solo reflejará hechos mediante medios digitales, sino que, gracias al respaldo legal y tecnológico, se consolida como un elemento esencial en el derecho ecuatoriano actual, garantizando su eficacia en los procedimientos judiciales.
La prueba en el ámbito jurídico se compone de dos elementos fundamentales: la fuente y el medio. La fuente hace referencia al origen de la información, mientras que el medio se refiere a la forma en que esa información se presenta en el juicio. Ambos son esenciales para asegurar que los hechos sean verificables y válidos en un proceso judicial.
En cuanto a la fuente probatoria, esta se refiere al origen de la información utilizada en un juicio. Las fuentes físicas incluyen documentos, testimonios y evidencias materiales, mientras que las fuentes digitales abarcan correos electrónicos, archivos y datos almacenados en dispositivos electrónicos. Según Echandía (1993), las fuentes de prueba son todos aquellos elementos que permiten que la prueba surja, ya sea a partir de objetos, hechos, relaciones humanas o personas, de los cuales el juez obtiene la información necesaria para tomar sus decisiones (pp. 270-271). Por su parte, Illán (2010) señala que las fuentes de prueba electrónica comprenden los soportes donde se graba el hecho que se busca probar, como imágenes, sonidos o palabras (p. 264).
Las fuentes probatorias se dividen en dos categorías: las fuentes reales, que son objetos tangibles que contienen información sobre hechos, tales como documentos y evidencias físicas, y soportes digitales, como archivos, correos electrónicos o registros digitales. Además, las fuentes personales son aquellas personas que aportan información mediante testimonios o pericias, basadas en su conocimiento o experiencia en áreas como la informática o las tecnologías de la información. Estas fuentes adquieren valor probatorio solo cuando se presentan formalmente en juicio, lo que resalta la importancia de su correcta identificación y manejo para garantizar el debido proceso.
Respecto al medio probatorio, este se refiere al mecanismo utilizado para presentar y validar la prueba ante el juez, permitiendo que los hechos sean accesibles y verificables durante el proceso judicial. Según Echandía (1993), el medio no es el hecho en sí, sino el instrumento que conecta la fuente con el juez, facilitando su incorporación formal al juicio (p. 550). Los medios tradicionales de prueba incluyen testimonios, documentos, dictámenes periciales e inspecciones judiciales. No obstante, con el avance de la tecnología, han surgido nuevos formatos digitales que, según Illán (2010), provienen de los avances tecnológicos y se presentan como documentos electrónicos, copias digitales y medios de reproducción, tales como archivos de video, audios y documentos electrónicos (p. 235).
Bajo este enfoque, se entiende que la prueba electrónica se compone de dos elementos fundamentales: la fuente y el medio. La fuente será el origen de la información, como un documento digital o un correo electrónico, y garantiza que la prueba sea legítima. El medio será la forma en que esa prueba se presenta al juez, como un archivo digital o una grabación de audio o video. La inteligencia artificial será crucial en ambos elementos. En primer lugar, la IA ayudará a verificar la fuente de la prueba, asegurando que los documentos no hayan sido alterados y detectando fraudes o manipulaciones. En segundo lugar, optimizará el medio mediante herramientas que validan la autenticidad de la prueba, utilizando técnicas como el análisis de patrones y la detección de irregularidades. De este modo, la IA refuerza la fiabilidad de las pruebas electrónicas y mejora la eficiencia del sistema judicial ecuatoriano, garantizando un proceso más seguro, transparente y conforme a los principios del debido proceso.
La prueba es un elemento fundamental en el proceso judicial, ya que permite demostrar la veracidad de los hechos en disputa. Su finalidad principal es convencer al juez para que emita una decisión basada en la verdad procesal. Con el avance de la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, la gestión de las pruebas electrónicas van a mejorar significativamente, optimizando la eficiencia y precisión en su validación. A continuación, se analizará el objeto y la finalidad de la prueba en este nuevo contexto tecnológico.
El objeto de la prueba se refiere al hecho o circunstancia que las partes deben demostrar o refutar en el proceso judicial, siendo esencial para la resolución del conflicto. Según Echandía (1993), el objeto de la prueba está constituido por los hechos controvertidos, es decir, aquellos que son dudosos o relevantes para el juicio (p. 146). En este sentido, Echandía explica que el objeto de la prueba abarca "lo que se puede probar en general", con una noción objetiva y abstracta que se aplica más allá de los intereses de las partes y se extiende a cualquier ámbito del conocimiento (p. 142).
Los hechos que conforman el objeto de la prueba se dividen en tres categorías: hechos materiales, que son los eventos reales que deben probarse; actos jurídicos, como la firma de un contrato, que tienen efectos legales; y elementos de prueba, que son los medios utilizados para probar los hechos, tales como documentos, testimonios y pruebas digitales, como correos electrónicos o grabaciones. Estos elementos deben estar directamente vinculados con los hechos relevantes del caso para garantizar una resolución judicial justa y fundamentada.
Por su parte, la finalidad de la prueba en el ordenamiento jurídico ecuatoriano tiene como objetivo principal persuadir al juez sobre la veracidad de los hechos y circunstancias en controversia, buscando establecer una verdad procesal que trascienda la simple resolución del conflicto entre las partes. La norma procesal establece que la prueba debe proporcionar los elementos necesarios para que el juez
adquiera certeza sobre los hechos y circunstancias en disputa (art. 158 COGP), permitiéndole así emitir una sentencia justa y razonada. Según Echandía (1993), la finalidad de la prueba es la comprobación de la verdad, cuyo propósito es producir la convicción del juez sobre los hechos en el juicio (p. 240, 246, 251).
Esta finalidad se resume en tres aspectos fundamentales: (a) Comprobar la verdad de los supuestos fácticos. (b) Producir convencimiento en el juez; y, (c) Proporcionar certeza sobre los hechos planteados en el proceso. En este contexto, las partes procesales deben utilizar los medios de prueba más adecuados de manera correcta, asegurando su eficacia jurídica, lo cual garantiza que el proceso se desarrolle de forma justa y conforme a la verdad procesal (art. 160 COGP).
En la era digital, la inteligencia artificial desempeñará un rol crucial en este proceso. La IA optimiza el manejo de las pruebas electrónicas, permitiendo verificar la autenticidad de los documentos digitales y detectar posibles manipulaciones. Este avance facilitará la resolución de los conflictos de manera precisa y eficiente. En cuanto a la finalidad de la prueba, la IA contribuye significativamente al persuadir al juez sobre la veracidad de los hechos en disputa, estableciendo una verdad procesal que garantice una resolución justa. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos y detectar patrones mejorará la validación y análisis de las pruebas electrónicas, aumentando la eficiencia y precisión en la toma de decisiones. Así, la IA asegura que el proceso judicial se desarrolle de manera equitativa, con una mayor certeza sobre los hechos presentados.
En el ámbito del derecho procesal, las pruebas son esenciales para validar los hechos y resolver disputas, especialmente en la ejecución y cumplimiento de obligaciones contractuales. Los medios probatorios, como instrumentos jurídicos, desempeñan un papel fundamental en la administración de justicia al permitir corroborar las alegaciones de las partes, validar acuerdos y garantizar la resolución equitativa de los conflictos. Con la integración de la inteligencia artificial y las tecnologías emergentes, estos medios se transformarán, introduciendo nuevas formas de validar y gestionar la prueba en las unidades judiciales.
El Código Orgánico General de Procesos establece un régimen normativo taxativo que regula los diversos tipos de prueba admitidos en el proceso judicial, clasificándolos conforme a sus características y los procedimientos aplicables. En virtud de ello, las pruebas se subdividen en diversas categorías, a saber: (a) la testimonial, que se fundamenta en los testimonios de los testigos presenciales y las declaraciones de las partes involucradas, con el objeto de reconstruir los hechos desde la perspectiva de quienes los presenciaron directamente (arts. 187-192 COGP); (b) la documental, que abarca tanto los documentos públicos como privados, los cuales ofrecen evidencia escrita sobre aspectos sustanciales del caso, tales como contratos, informes y registros, entre otros (arts. 205-220 COGP); (c) la pericial, que
recurre a la intervención de expertos en áreas específicas, quienes, mediante su conocimiento técnico, brindan un análisis especializado y detallado sobre aspectos complejos del caso (arts. 221-227 COGP); y (d) la inspección judicial, que consiste en la visita física del juez al lugar de los hechos, lo cual le permite obtener una percepción directa de las circunstancias fácticas que rodean la controversia (arts. 228 y 232 COGP).
Tradicionalmente, los medios probatorios más utilizados para garantizar la validez de las obligaciones han sido los documentos escritos, ya sean públicos o privados. En el contexto de las relaciones jurídicas y los contratos, la prueba documental ha jugado un papel crucial al validar los acuerdos alcanzados entre las partes. La firma manuscrita, históricamente, ha sido el mecanismo principal que asegura la autenticidad y validez de un acuerdo, funcionando como un acto formal que demuestra el consentimiento de las partes y su libertad al momento de contraer una obligación. Este medio probatorio ha sido esencial para salvaguardar la validez de los acuerdos y prevenir manipulaciones o errores, garantizando que las partes actúan de manera consciente y sin coacción.
Sin embargo, con el avance de la tecnología, las pruebas digitales van adquiriendo una creciente relevancia en el ámbito jurídico, particularmente en lo que respecta a la validación de contratos y el cumplimiento de obligaciones. Nuevas formas de interacción digital, como los correos electrónicos, las plataformas de mensajería y las firmas electrónicas, han transformado la manera en que se generan, gestionan y validan las pruebas en los juzgados. Las pruebas documentales digitales, tales como los correos electrónicos y otros documentos generados, almacenados o transmitidos digitalmente, desempeñarán un papel esencial en los procesos judiciales. Estos documentos no solo permitirán registrar formalmente acuerdos, comunicaciones entre las partes y manifestaciones de voluntad, sino que también ejercerán la misma función probatoria que los documentos tradicionales, siempre que se cumplan con los requisitos legales de autenticidad y presentación. La fiabilidad de los documentos digitales dependerá de la integridad de su contenido y de las garantías tecnológicas que respalden su autenticidad, como las firmas electrónicas y los mecanismos de verificación asociados a la plataforma que los genera.
En la actualidad, las pruebas digitales desempeñan un papel fundamental en la acreditación de hechos que sustentan las relaciones contractuales y otras obligaciones jurídicas. Especialmente las pruebas materiales digitales, como los videos, audios y fotografías digitales, se presentan como elementos esenciales para proporcionar evidencia clara y precisa en los procedimientos judiciales. Los videos, por ejemplo, permiten reconstruir de manera visual y auditiva los eventos en disputa, facilitando la interpretación objetiva de los hechos. Los audios, a su vez, posibilitan la transcripción y reproducción de conversaciones relevantes, contribuyendo a la comprobación de la existencia de un acuerdo o de la intención de las partes al asumir una obligación. Las fotografías digitales son una prueba visual robusta que no solo
documenta la ejecución o el incumplimiento de una obligación, sino que también refuerza la autenticidad de los hechos en conflicto.
Las plataformas de mensajería como WhatsApp, Instagram, Facebook Messenger, WeChat, Douyin, TikTok y Twitter han revolucionado la manera en que las personas establecen, formalizan y documentan sus relaciones jurídicas. Estas plataformas permiten no solo el intercambio de mensajes de texto, sino también la realización de llamadas, videollamadas, y el envío de fotos y videos, lo que amplía significativamente la capacidad de generar y almacenar evidencia digital relevante en el marco de las obligaciones contractuales. Los mensajes intercambiados y los archivos enviados a través de estas plataformas constituyen pruebas documentales digitales de alta relevancia, que permiten rastrear las interacciones entre las partes y corroborar los hechos en disputa. Además, estos registros también proporcionan el contexto necesario para determinar las condiciones en las que se generaron las obligaciones contractuales, desempeñando una función crucial en la resolución de conflictos.
En el ámbito jurídico ecuatoriano, los medios de prueba se dividen en físicos y digitales. Los físicos incluyen documentos, testimonios e inspección judicial, mientras que las pruebas digitales, como correos electrónicos, videos, audios y plataformas de mensajería, van ir adquiriendo gran relevancia en los procesos judiciales. La inteligencia artificial facilitará la validación de estas pruebas digitales, permitiendo verificar su autenticidad, detectar alteraciones y analizar grandes volúmenes de datos con rapidez y precisión. Esto optimizará la eficiencia y fiabilidad del sistema judicial, asegurando que las pruebas digitales sean válidas y contribuyan a una resolución justa de los casos.
El Código Orgánico General de Procesos establece una serie de principios procesales que regulan la admisión y valoración de las pruebas en los procedimientos judiciales, incluyendo las pruebas digitales. Estos principios buscan garantizar la justicia, la equidad y la transparencia en el proceso judicial, con una visión integral y coherente que asegure que todas las partes sean tratadas de manera justa y equilibrada. La incorporación de la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes en el ámbito jurídico exige que estos principios se adapten a la evolución tecnológica, asegurando que las pruebas digitales sean evaluadas con el mismo rigor y equidad que las pruebas tradicionales.
Entre los principios más destacados de la norma procesal, se encuentra el principio de inmediación, que exige que el juez participe activamente en la práctica de las pruebas. Este principio es especialmente relevante en el contexto de las pruebas electrónicas, ya que permitirá al juez evaluar directamente la autenticidad y la integridad de los medios electrónicos presentados. La participación directa del juez resulta crucial para interpretar y valorar adecuadamente las pruebas digitales dentro
del proceso judicial, garantizando una evaluación justa y precisa (arts. 75 CRE, 19 COFJ, 6 COGP).
El principio de contradicción, por su parte, establece que las partes deben tener la oportunidad de confrontar las pruebas presentadas por la contraparte, lo que incluye la posibilidad de cuestionar la validez y la legalidad de las pruebas electrónicas. Este principio asegura que las partes puedan impugnar y contradecir las pruebas, promoviendo un debate equitativo y transparente. La aplicación de este principio es fundamental para proteger los derechos procesales de las partes involucradas (art. 168 CRE y arts. 142.7, 152, 159, 160 inciso 4º y 165 COGP).
El principio de publicidad establece que los actos procesales deben ser públicos, promoviendo la transparencia en el proceso judicial. Sin embargo, este principio se matiza en el ámbito digital, ya que deben establecerse limitaciones para proteger la privacidad y seguridad de los involucrados. De esta manera, la publicidad de las pruebas digitales se ajusta a las necesidades de resguardar derechos fundamentales, como la privacidad de las personas (arts. 8, 294.8, 297.7 COGP).
En cuanto al principio de licitud, se estipula que todas las pruebas deben ser obtenidas de manera legal. Este principio adquiere especial relevancia en el ámbito digital, donde el respeto a los derechos fundamentales de las partes, como la privacidad y la protección de datos personales, debe ser una prioridad. La obtención ilícita de pruebas puede afectar gravemente la integridad del proceso y vulnerar derechos esenciales (art. 76.4 CRE y art. 160 COGP).
El principio de eficacia jurídica asegura que las pruebas sean idóneas y pertinentes para demostrar o refutar los hechos alegados. Las pruebas digitales deben cumplir con los requisitos de relevancia y calidad, conforme a las normas procesales y sustantivas aplicables. Este principio garantiza que las pruebas, sean tradicionales o digitales, sean útiles y suficientes para el esclarecimiento de los hechos (arts. 158 y 160 COGP).
El principio de interés público establece que la función de la prueba busca proteger la verdad y garantizar la correcta administración de justicia, respetando los derechos procesales de todas las partes involucradas. Este principio subraya la importancia de que el proceso judicial tenga como fin último el esclarecimiento de los hechos y la correcta aplicación de la ley (arts. 2, 158, 160 COGP).
Asimismo, el principio de lealtad y veracidad exige que las partes presenten pruebas de manera honesta y veraz, evitando cualquier tipo de distorsión. Las pruebas digitales deben ser presentadas sin alteraciones o manipulaciones, garantizando la sinceridad y precisión de los hechos expuestos (arts. 2, 160, 335.9 COFJ).
Finalmente, el principio de preclusión establece que las pruebas deben presentarse dentro de los términos establecidos por la ley, para evitar sorpresas y
garantizar la adecuada contradicción entre las partes. En el contexto digital, este principio asegura que todas las pruebas, incluidas las electrónicas, sean presentadas en los momentos procesales oportunos, permitiendo a las partes conocer y discutir todas las pruebas presentadas en el proceso (arts. 142.7, 152, 294.7 a, 297.3 COGP).
Los principios del Código Orgánico General de Procesos se interrelacionarán de manera significativa con la incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la gestión y evaluación de pruebas digitales.
La inmediación se potenciará al permitir que la IA verifique rápidamente la autenticidad de las pruebas digitales, facilitando la participación directa del juez en la valoración de estas. La contradicción se reforzará gracias a las herramientas de IA, que permitirán identificar manipulaciones o discrepancias, promoviendo una confrontación equitativa. El principio de publicidad se adaptará al ámbito digital, ya que la IA contribuirá a la transparencia del proceso, protegiendo al mismo tiempo la privacidad mediante encriptación y autenticación digital. La licitud de las pruebas quedará garantizada con la IA, que verificará la legalidad en la obtención de pruebas digitales y evitará manipulaciones.
El principio de eficacia jurídica se reforzará mediante el análisis de grandes volúmenes de datos por parte de la IA, permitiendo identificar las pruebas más pertinentes. En cuanto al interés público, la IA facilitará la reconstrucción de eventos y la identificación de hechos verificables, ayudando a esclarecer la verdad procesal. El principio de lealtad y veracidad se apoyará en la capacidad de la IA para detectar alteraciones no autorizadas en las pruebas, garantizando que la evidencia sea auténtica. Por último, el principio de preclusión se optimizará, ya que la IA asegurará que las pruebas se presenten dentro de los términos establecidos, mejorando la organización y validación de las pruebas en los momentos procesales adecuados. La integración de la IA con estos principios promoverá un proceso judicial más eficiente, equitativo y respetuoso de los derechos constitucionales.
El Código Orgánico General de Procesos establece los requisitos para la admisión de pruebas en los procedimientos judiciales, tanto físicos como digitales, con el fin de garantizar la justicia y la equidad. Estos requisitos se dividen en dos categorías: intrínsecos y extrínsecos.
Los requisitos intrínsecos son aquellos que caracterizan a la prueba en su propio ser y constituyen la base sobre la cual se garantiza su legitimidad dentro del proceso judicial. Entre estos elementos, encontramos los siguientes: (a) Pertinencia: Asegura que la prueba esté directamente relacionada con los hechos en disputa, evitando la inclusión de elementos irrelevantes para el caso. (b) Utilidad: Garantiza que la prueba contribuya significativamente al esclarecimiento de los hechos, siendo capaz de aportar información relevante para la resolución del caso. (c) Conducencia:
Establece que la prueba debe ser legalmente adecuada para demostrar un hecho específico, siendo apropiada para los fines del proceso. (d) Ausencia de Prohibición Legal: El medio de prueba debe estar expresamente autorizado por la ley, impidiendo el uso de pruebas cuyo acceso o presentación esté vedado por normas que protejan derechos fundamentales.
En adición a los requisitos intrínsecos, la norma procesal también contempla los requisitos extrínsecos, que se refieren a aspectos formales y procesales que permiten el ejercicio adecuado del derecho a la prueba. Entre estos requisitos, destacan los siguientes: (a) Oportunidad Procesal: Obliga a presentar las pruebas dentro de los términos establecidos por la ley, evitando que el proceso se vea afectado por demoras injustificadas. (b) Formalidades Procesales: Aseguran que las pruebas sean presentadas conforme a los procedimientos establecidos, proporcionando certeza y transparencia al proceso judicial. (c) Legitimación y Postulación: Reconoce el derecho de las partes a solicitar y presentar pruebas pertinentes, permitiendo su participación activa en la construcción del caso. (d) Competencia del Juez: Garantiza que el juez cuente con la autoridad necesaria para valorar y admitir las pruebas conforme a su jurisdicción. (e) Capacidad y Ausencia de Impedimentos: Asegura que tanto las partes como el juez actúen con la debida capacidad legal, sin que existan obstáculos que vulneren los derechos procesales. Estos requisitos extrínsecos, complementarios a los intrínsecos, son fundamentales para mantener la transparencia, la equidad y la eficacia en la administración de justicia dentro del proceso judicial.
En cuanto a las pruebas digitales, la Corte Constitucional de Colombia en la sentencia Nro. C-604 de 2016 establece una serie de criterios esenciales para garantizar su integridad y fiabilidad en los procesos judiciales. Entre estos criterios, se incluyen los siguientes: (a) Integralidad: Asegura que el contenido digital entregado debe recibirse en su totalidad, sin alteraciones que puedan afectar su autenticidad. (b) Inalterabilidad: La prueba digital debe mantenerse en su forma original, con un sistema adecuado de protección que impida modificaciones no autorizadas. (c) Rastreabilidad: Exige que se pueda acceder a la fuente original de la información, garantizando su origen y evitando manipulaciones. (d) Recuperabilidad: Garantiza que la prueba pueda ser consultada y preservada a lo largo del tiempo, evitando su pérdida por causas externas como virus informáticos. (e) Conservación: Establece que la prueba debe ser preservada adecuadamente para evitar cualquier tipo de alteración o destrucción. Estos principios, establecidos en la Sentencia C-604 de 2016, resalta la importancia de asegurar que las pruebas digitales sean evaluadas y preservadas con los más altos estándares de seguridad y legalidad en el proceso judicial.
En el contexto de la inteligencia artificial aplicada a las pruebas digitales, los requisitos intrínsecos se optimizarán significativamente. Así, la pertinencia se asegurará mediante algoritmos de IA que filtrarán grandes volúmenes de datos, garantizando que solo se presenten los elementos directamente relacionados con los hechos en disputa. La utilidad se validará gracias a la capacidad de la IA para
identificar información clave en correos electrónicos, mensajes y archivos digitales, contribuyendo de manera decisiva al esclarecimiento de los hechos. La conducencia se verá respaldada por la IA, que verificará la integridad y confiabilidad de las pruebas digitales. Además, la ausencia de prohibición legal será garantizada por la IA, que detectará cualquier violación de derechos fundamentales y asegurará que las pruebas sean obtenidas legalmente.
Por otro lado, los requisitos extrínsecos también se verán beneficiados por la IA. La oportunidad procesal será gestionada por la IA, que alertará sobre términos próximos o vencidos, evitando retrasos en la presentación de pruebas. Las formalidades procesales se optimizarán con la IA, que validará automáticamente la autenticidad de documentos digitales, como correos electrónicos y contratos electrónicos, garantizando el cumplimiento de los requisitos legales. La legitimación se facilitará mediante la IA al clasificar y verificar la pertinencia de las pruebas presentadas. La competencia del juez se fortalecerá con la IA, que proporcionará análisis preliminares sobre la autenticidad y validez de las pruebas. Finalmente, la capacidad y ausencia de impedimentos se asegurará mediante la IA, que prevendrá manipulaciones y garantizará que los actores procesales actúen conforme a la ley.
Los criterios para la admisibilidad de la prueba digital son esenciales para garantizar la integridad y fiabilidad de las pruebas dentro del proceso judicial. Entre estos criterios, destacan la integralidad, la inalterabilidad, la rastreabilidad, la recuperabilidad y la conservación. Estos principios son esenciales para asegurar que las pruebas digitales se mantengan seguras, íntegras y accesibles durante todo el proceso judicial.
En el marco del Código Orgánico General de Procesos, el ordenamiento jurídico ecuatoriano establece un proceso probatorio estructurado con el fin de garantizar la correcta administración de justicia. Este proceso se divide en cuatro fases: proponer, admitir, realizar y evaluar las pruebas. A través de estas fases, las partes tienen la oportunidad de presentar las pruebas que respaldan sus pretensiones, las cuales serán evaluadas por el juez para tomar una decisión informada.
El anuncio probatorio es un paso fundamental en el proceso judicial, donde las partes procesales tienen la responsabilidad de comunicar las pruebas que presentarán en sus actos de proposición. Este acto debe realizarse en momentos específicos establecidos por la norma procesal, como en la solicitud de diligencia preparatoria (arts. 120.2 y 181 COGP), en la demanda (arts. 142.7 y 8, 142, 143 y 159 COGP), en la contestación de la misma (arts. 152 y 159 COGP), para pruebas nuevas (arts. 151.4 y 5, y 166 COGP), sobre hechos nuevos (art. 148 y 166 COGP), y en la interposición del recurso de apelación (art. 258 COGP). Este acto no solo establece la credibilidad de los hechos alegados, sino que también refuerza los principios de buena fe y lealtad procesal (art. 26 COFJ), contribuyendo así a un desarrollo justo y adecuado del proceso judicial.
En cuanto a los medios probatorios electrónicos, deben ser anunciados y presentados al inicio del proceso, incluyendo el soporte informático y la transcripción en papel del documento electrónico (art. 159 del COGP y art. 54 LCE). De este modo, se garantiza su validez y accesibilidad, permitiendo que tengan la misma relevancia que las pruebas tradicionales en papel.
La admisión de las pruebas es un proceso esencial en el juicio, en el cual se determina si una prueba es válida y puede ser considerada por el juez. Según la Corte Constitucional (2020), este proceso implica evaluar la legitimidad de la prueba, su cumplimiento con los requisitos legales y el respeto a los derechos fundamentales de las partes involucradas (CCE, 2020, Sentencia Nro. 687-13-EP-20). El Código Orgánico General de Procesos establece que, para que una parte pueda hacer valer su pretensión probatoria, debe presentar una argumentación sólida que justifique la necesidad de utilizar un medio probatorio específico. Dicha prueba debe cumplir con tres condiciones: (a) Pertinencia: La prueba debe estar relacionada con los hechos relevantes del litigio. (b) Conducencia: La prueba debe cumplir con los requisitos legales. (c) Utilidad: La prueba debe influir en la decisión final del juez. Es importante señalar que la prueba obtenida de manera ilícita, como mediante simulación, dolo o soborno, carecerá de eficacia probatoria (art. 160 COGP). Además, la responsabilidad de demostrar la conducencia y utilidad recae sobre la parte contraria, lo que asegura que solo se consideren pruebas legítimas y pertinentes en el proceso.
La producción de pruebas, conforme las normas procesales, se realiza de manera oral durante la audiencia, donde las partes presentan y practican las pruebas bajo la supervisión del juez, quien vela por el cumplimiento de los principios procesales (art. 159 COGP). El código procesal regula las formalidades de los medios probatorios, especificando el lugar, el tiempo y la forma en que deben practicarse. En las audiencias, la prueba electrónica debe ser presentada a través de la desmaterialización de documentos digitales o mediante copias certificadas por un notario (arts. 194 COGP y 18.5 LN).
Durante la práctica de las pruebas, se garantiza los principios de inmediación, oralidad, publicidad y contradicción, exigiendo que las partes actúen con lealtad y veracidad (art. 160 COGP y art. 26 COFJ). El juez, con imparcialidad, dirige el debate probatorio con el fin de esclarecer la verdad procesal (art. 76.7.k CRE; art. 160 y 168 COGP).
Finalmente, la valoración de las pruebas, según la Corte Constitucional (2020), se refiere al proceso de analizar y evaluar el contenido y relevancia de la prueba admitida para determinar qué hechos se infieren de ella y cómo contribuye a demostrar o refutar una afirmación (CCE, 2020, Sentencia Nro. 687-13-EP-20). La prueba deberá ser apreciada en conjunto, de acuerdo con las reglas de la sana crítica, dejando a salvo las solemnidades prescritas en la ley sustantiva para la existencia o validez de ciertos actos (art. 164 COGP). Esta valoración debe estar debidamente
fundamentada, cumpliendo con los principios de congruencia, preclusión, inmediación y contradicción, asegurando que la decisión judicial se base exclusivamente en los hechos probados.
El juez debe expresar en su resolución la valoración de todas las pruebas que han servido para justificar su decisión, basándose únicamente en lo que se ha probado en el proceso y no en especulaciones o elementos fuera del expediente judicial (art. 164, COGP). En este contexto, la Corte Suprema de Justicia, destacó que los elementos que no forman parte del juicio no pueden ser considerados en el proceso judicial (CSJ, 2004, Resolución Nro. 119-2004), reafirmando el principio fundamental del derecho procesal de que las decisiones judiciales deben fundamentarse exclusivamente en los elementos presentes en el expediente procesal.
En cuanto a los documentos electrónicos y sus anexos, estos son considerados originales para todos los efectos legales, y las reproducciones digitalizadas o escaneadas tienen la misma validez probatoria que los originales. Además, los documentos originales escaneados deben ser conservados por su titular y presentados cuando el juez lo requiera (art. 202 COGP).
Con el avance de la tecnología, la inteligencia artificial se integrará como una herramienta clave en la optimización de las fases del proceso probatorio, especialmente en el ámbito de las pruebas electrónicas y digitales. En la fase de proposición de pruebas, la IA automatizará la validación de archivos digitales, asegurando su autenticidad y pertinencia mediante algoritmos que filtrarán grandes volúmenes de datos y presentarán solo las pruebas relevantes. En la fase de admisión, la IA analizará metadatos para detectar alteraciones y verificará el cumplimiento de requisitos legales como la firma digital y los mecanismos de autenticación, garantizando la admisión de pruebas válidas.
Durante la realización de las pruebas, la IA facilitará la conversión de documentos a formatos accesibles y asegurará la integridad de estos, previniendo alteraciones y optimizando la gestión del tiempo. Finalmente, en la fase de valoración de las pruebas, la IA asistirá en la evaluación de la relevancia y veracidad de las pruebas al identificar patrones de inconsistencias o manipulaciones, promoviendo una valoración objetiva y precisa que minimiza sesgos.
En todas estas fases, la IA mejorará la eficiencia, precisión y transparencia del proceso probatorio, garantizando que se respeten los principios legales y los derechos constitucionales de las partes involucradas.
La Corte Constitucional de Colombia en la sentencia Nro. T-323-24, ha concluido que el uso de la inteligencia artificial en el sistema judicial debe llevarse a cabo de manera razonada y cuidadosa, con el objetivo de proteger los derechos fundamentales. Es esencial que la IA no sustituya el razonamiento humano en tareas indelegables, como la interpretación de hechos, pruebas y la motivación de decisiones. Si bien la IA puede ser útil en áreas como la gestión administrativa y la corrección de textos, no debe reemplazar el papel de los funcionarios judiciales. Además, su implementación debe garantizar transparencia, responsabilidad y privacidad, asegurando que el juez exponga claramente su uso, verifique la fiabilidad de la información y proteja los datos personales. El incumplimiento de estos principios puede vulnerar derechos como el debido proceso y la privacidad. En este contexto, se propone que el sistema judicial desarrolle una plataforma propia de IA que minimice los riesgos asociados a la falta de transparencia y los sesgos. Dado el rápido avance de la tecnología, estos lineamientos deben ser ajustados de manera continua en función de la evolución normativa y tecnológica en el ámbito judicial (CCC, 2024, Sentencia Nro. T–323-24).
El uso de la inteligencia artificial en el sistema judicial ecuatoriano ofrece un gran potencial para mejorar la eficiencia y la accesibilidad de la administración de justicia, sin embargo, su implementación debe hacerse con una profunda reflexión y respeto por los derechos constitucionales. La IA debe ser considerada como una herramienta complementaria, no sustitutiva, del razonamiento humano en funciones indelegables, como la interpretación de hechos, la valoración de pruebas y la motivación de decisiones judiciales. Esto implica que el sistema judicial debe mantener la autonomía judicial y el debido proceso, asegurando que las decisiones sigan basándose en la racionalidad humana, a pesar del uso de tecnologías avanzadas.
El marco normativo debe adaptarse para incorporar tanto el uso de IA como las pruebas electrónicas en los procesos judiciales, lo que implica reformas legales que permitan valorar las pruebas digitales con los mismos principios de justicia y equidad que las pruebas tradicionales. Estas reformas deben garantizar la autenticidad, integridad y pertinencia de las pruebas electrónicas, asegurando su compatibilidad con los principios clásicos del derecho procesal, como la inmutabilidad y trazabilidad de los datos.
El uso de IA en la justicia también requiere que los operadores jurídicos reciban capacitación continua sobre su uso ético y responsable. Esto incluye la comprensión de los riesgos asociados, como los sesgos y la fiabilidad de la información generada, así como la protección de los derechos humanos y la privacidad. La transparencia en el uso de la IA es crucial, lo que implica que los operadores jurídicos expongan claramente cómo y cuándo se utiliza la tecnología, y puedan rastrear la información generada por la IA para garantizar su fiabilidad.
Además, será fundamental que el sistema judicial avance hacia la creación de plataformas especializadas de IA, diseñadas exclusivamente para la administración
de justicia, que no sustituyan el juicio humano, pero que apoyen labores administrativas y de gestión documental, mejorando la eficiencia sin comprometer la imparcialidad y la autonomía judicial. La colaboración con expertos en IA y ética permitirá desarrollar y aplicar estas tecnologías de manera responsable y conforme a los derechos fundamentales.
La jurisprudencia jugará un papel esencial al ser flexible y dinámica para abordar las innovaciones tecnológicas y sus implicaciones jurídicas, asegurando que la validez y autenticidad de las pruebas electrónicas y el uso de IA se alineen con los principios procesales establecidos. A medida que el mundo digital avanza, la interpretación y aplicación de la ley debe seguir evolucionando para garantizar coherencia, justicia y equidad en las decisiones jurídicas relacionadas con cada caso digital.
En conclusión, la integración de la IA y las pruebas electrónicas en el sistema judicial ecuatoriano debe ir acompañada de reformas legales, capacitación continua y marcos regulatorios claros que garanticen un uso ético y responsable, protejan los derechos fundamentales y mantengan la transparencia y la imparcialidad en el proceso judicial. Solo así se podrá lograr una administración de justicia moderna, eficiente y respetuosa con los principios clásicos del derecho procesal.
Este artículo no cuenta con ninguna fuente de financiamiento.
No existe conflicto de interés alguno.
Este artículo analiza la influencia de la inteligencia artificial en la utilización y reconocimiento de la prueba digital en el ámbito judicial.
El Dr. Vidal Rosero es el responsable de la recopilación y revisión de la información para la elaboración del presente trabajo de investigación, así como, de la escritura, desarrollo y corrección de este.
El presente trabajo empleo DeepL translator, para la traducción respectiva.
El autor declara que el presente trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de la institución responsable, se recalca que la misma no utilizó datos personales, ni sensibles.
La autora declara que los datos presentados en el trabajo son públicos
Agradezco a la Revista Catilinaria Iuris por la oportunidad brindada a los profesionales del Derecho para poder compartir sus conocimientos, reflexiones y experiencias con la comunidad jurídica del país y la sociedad en general.
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Vidal Antonio Rosero Toapanta ORCID iD
https://orcid.org/0009-0000-0275-9959 Abogado, magister en Derecho Civil, Juez de la Unidad de lo Civil del cantón Ambato. Docente de la Universidad Indoamérica.
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